Auditoría a programa 287g puntualiza fallas<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Falta enfoque en los criminales peligrosos; ICE rechaza resultados
 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/3/auditoria-a-programa-287g-punt-181418-4.html
Una auditoría gubernamental del programa 287g, que desde 2002 habilita a policías locales para ejercer funciones migratorias, encontró que la mayoría de los recursos no han sido invertidos en arrestar a los extranjeros más peligrosos. Además, que tampoco ha habido un adecuado entrenamiento y supervisión de los contratos, especialmente en la defensa de derechos civiles, entre otras deficiencias.
 
"Los resultados no demuestran que los recursos 287g se hayan enfocado en extranjeros que representan el mayor riesgo para el público", explica el reporte, culpando a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "por no establecer un procedimiento que asegure que el énfasis está en los extranjeros con la más alta prioridad".
 
La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional analizó una muestra de 280 arrestados bajo el programa y encontró que sólo el 9% de los arrestados eran de prioridad 1, es decir, extranjeros que han cometido un delito grave, como asesinato, robo y violación, así como delitos graves de drogas y violentos.
 
Otro 44% de los arrestados tenía delitos menores de drogas y robos de menor cuantía, o fraude. El resto es de otros inmigrantes, incluyendo el nivel 3, que pueden ser casos de manejar bajo la influencia y otros delitos menores o personas sin récord criminal.
ICE respondió ayer —al final de una semana en la que la agencia estuvo bajo fuego por diversas razones— diciendo que el reporte "no refleja el programa 287 actual, ya que desde que se llevó a cabo la auditoría, ICE ha reformado el mismo, reforzando la seguridad pública y asegurando que priorizamos el arresto de delincuentes y cumpliendo la mayoría de las recomendaciones del reporte".
 
El comunicado agrega que los nuevos contratos, implementados a partir de julio pasado, "resuelven muchas de las recomendaciones del reporte", incluyendo reforzar el programa de entrenamiento, mantener un registro preciso de los arrestos para asegurar que se enfoca en delincuentes y asignar más supervisores para asegurar mayor monitoreo de los operativos".
 
Grupos de derechos civiles reaccionaron de inmediato pidiendo, de nuevo, la suspensión del programa que llevan persiguiendo desde hace tiempo.