INTERVENCIÓN EMBAJADORA CLAUDIA BLUM EN CONFERENCIA SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
“Para Colombia, como Estado signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es de gran significado asistir a esta Conferencia en la que se examinan medidas legislativas relacionadas con su implementación.
Quisiera, en primer lugar, informar a las delegaciones presentes, que desde el momento en que Colombia firmó la Convención en marzo de 2007, ha avanzado el proceso interno encaminado a su ratificación. El texto del Tratado ya fue analizado y aprobado en el Congreso. El Presidente de la República sancionó el pasado 31 de julio la Ley 1346 por la que se aprueba la Convención.
De acuerdo con nuestro ordenamiento, una vez se surta el examen que corresponde a la Corte Constitucional se podrá proceder a la ratificación del instrumento.
Frente al tema que ocupa a esta Conferencia, quisiera indicar que Colombia cuenta con un amplio marco legal, político y jurisprudencial relativo a los derechos de las personas con discapacidad.
Colombia considera el tema de la discapacidad como un asunto transversal, que exige una intervención integral frente al individuo y a su entorno para su efectiva integración y participación.
En este sentido, se han adoptado marcos legales y de política encaminados a articular a las diferentes entidades del Estado, en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal, así como en los sectores de salud, educación, empleo, justicia, comunicaciones, desarrollo económico, cultura y transporte, entre otros.
La transversalidad también busca impulsar de manera coordinada las acciones del Estado, con las de organizaciones no gubernamentales, instituciones prestadoras de servicios, líderes comunitarios, sector privado y sociedad civil en general.
Colombia cuenta con un Marco de Política Pública de Discapacidad, elaborada con un enfoque de derechos. La Política se fundamenta en principios de equidad, solidaridad, descentralización, integralidad, concertación, corresponsabilidad y participación. Uno de sus objetivos principales es promover las condiciones para que las personas con discapacidad logren su máxima autonomía y participación en los espacios cotidianos y en la vida ciudadana. En su ejecución se cuenta con Plan Marco de Discapacidad que involucra a actores gubernamentales y no gubernamentales.
Además de las leyes y políticas que contemplan disposiciones especiales para la protección social e integración de las personas con discapacidad, quisiera destacar la Ley 1145 de 2007 que organizó el Sistema Nacional de Discapacidad, y creó el Consejo Nacional de Discapacidad, como el órgano permanente de coordinación, planificación, concertación, adopción y evaluación de políticas públicas relacionadas con el tema.
En este Consejo participan entidades estatales al más alto nivel, representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otros actores de la sociedad civil. El Ministerio de la Protección Social es el órgano rector del sistema, y se cuenta también con comités departamentales y municipales que realizan seguimiento a las políticas. Esta Ley es un instrumento significativo para la implementación de la política pública en discapacidad, con el fin de racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta de programas y servicios, y promover la participación de la población.
El Gobierno de Colombia considera que una vez entre en vigencia la Convención en nuestro país, se fortalecerán los procesos en curso dirigidos a:
Profundizar los programas intersectoriales e interinstitucionales y la articulación de la acción gubernamental con la sociedad civil.
Optimizar el uso de recursos para la implementación de políticas.
Revisar las leyes y prácticas que puedan reflejar prácticas de discriminación.