Llegarán hasta el Tribunal Constitucional si es necesario, con el objetivo de conseguir que la medida que plantea el Ayuntamiento de Vic (Barcelona)  para dejar fuera del padrón a los inmigrantes en situación irregular, no sea aplicada ni un sólo día. Estas en resumen fueron las palabras de varias asociaciones de inmigrantes que denunciaron la xenofobia, el racismo y el oportunismo político de cara a las próximas elecciones, como las razones de fondo que mueven la iniciativa que podría ser impuesta dentro de pocos días en la localidad catalana de Vic.
“Tras conocer las medidas que intenta aplicar el Ayuntamiento de Vic, en Cataluña y que se utilizan en otros consistorios como el de Torrejón de Ardoz, en Madrid, denunciamos la manipulación de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local, con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas”, indicaba el comunicado difundido por un grupo de asociaciones de inmigrantes latinoamericanos.
Las organizaciones Rumiñahui y Ari-Perú, señalaron que impedir el empadronamiento de personas en situación irregular dentro de España, es una flagrante violación de los derechos constitucionales y además es totalmente ilegal, tras recordar que el artículo 16.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, así como el apartado 6.3 de la nueva Ley de Extranjería, permiten el empadronamiento de los no comunitarios a partir de la justificación de su domicilio habitual y del conocimiento de los datos personales de los mismos.
La misiva difundida por las asociaciones de inmigrantes, resaltaron que la medida que pretende poner en práctica Vic, tendría consecuencias sobre aspectos básicos como la salud y la educación, tomando en cuenta que quienes no están empadronados no tienen acceso a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización.
A este par de restricciones se le tienen que sumar además, las complicaciones que se presentarán para obtener la residencia legal a través del arraigo, ya que no habrá ningún registro que pueda constatar el tiempo que estuvo viviendo el extranjero dentro de España.
No a la implementación de medidas discriminatorias y sí a la protección de los derechos fundamentales que están contemplados en la Constitución española, piden en su manifiesto las asociaciones, las cuales se preparan para interponer un recurso de amparo a objeto de que el Tribunal Constitucional proceda a declarar la inconstitucionalidad de la medida que ellos hoy denuncian.