Reglas para el 2010
Hoy reanuda el Congreso la discusión del proyecto de ley que reglamenta la reforma política aprobada en junio pasado. Luego de más de siete semanas de debate en las comisiones primeras de ambas cámaras legislativas, y a pesar de estar dentro de las prioridades del Gobierno, aún no hay luz verde para esta iniciativa, mientras el calendario sigue su marcha.
Dado que modifica la Constitución, la reforma política requiere una ley estatutaria que reglamente sus distintos aspectos: las sanciones, la repartición de curules, la financiación electoral y el funcionamiento de los partidos políticos, entre otros temas. Sin la aprobación de la segunda, la primera no puede entrar en vigencia. En otras palabras, si el texto sigue estancado, el país se vería abocado a un absurdo escenario: las elecciones parlamentarias del año entrante terminarían llevándose a cabo bajo la normatividad del 2006, no obstante contar con una batería aprobada de cambios, muchos de ellos fundamentales.
La celeridad, la concreción y el consenso han brillado por su ausencia en los debates. Temas polémicos como el costo de reponer cada voto, la ley de cuotas para mujeres en las listas de candidatos, los montos porcentuales de la financiación de las campañas y hasta la adjudicación de concesiones por el Gobierno han convertido este crucial trámite en un accidentado proceso con unos márgenes de maniobra hoy peligrosamente reducidos. Ni siquiera los anticipos monetarios para las elecciones -'zanahoria' orientada a estimular a los congresistas- lograron su propósito de propiciar un avance rápido de la iniciativa.
A esto se suma que la tardanza de los congresistas en aprobar este proyecto agrava la de por sí preocupante situación de incertidumbre y confusión en que se encuentra el ambiente político previo a las elecciones del 2010. Lo cierto es que, a menos de cuatro meses de los comicios parlamentarios, ni los candidatos ni la opinión pública tienen plena claridad sobre las reglas del juego que gobernarán la próxima cita democrática.
Que sea precisamente este Congreso el que se resista a ordenar el marco electoral envía, además, un pésimo mensaje. Ante los fraudes del 2006 y los escándalos judiciales de la 'parapolítica', la legitimidad y la imagen del poder legislativo están en un punto muy bajo. La reglamentación de la reforma política aún puede aprovecharse para que los parlamentarios fortalezcan la transparencia del proceso de elección y se comprometan con los ciudadanos a expedir unas reglas del juego claras, estrictas y limpias.
Y, en especial, para que aprueben duras sanciones contra quienes repitan prácticas corruptas y protagonicen infiltraciones mafiosas e ilegales en las próximas elecciones. De no darle luz verde a tiempo al proyecto, es inevitable sospechar que a algunos congresistas les conviene que este paquete sancionatorio no esté vigente en el 2010. Aunque la iniciativa está en una carrera contra el tiempo, el Capitolio tiene hoy una oportunidad de salvarla y de darle un vital empujón para que sea aprobada en esta legislatura.
Para cumplir este objetivo, es de poca ayuda el descarado ausentismo que se ha tomado al Congreso. La situación es de tal gravedad, que la presidencia del mismo ha llamado a la Procuraduría y a la Contraloría, en un desesperado intento de ponerle freno. Dado que las sesiones terminan en casi tres semanas, el destino de los trece proyectos de interés del Gobierno -dentro de los cuales se cuentan los tributos territoriales y el seguro de desempleo- es incierto. Por ahora, es urgente que los parlamentarios aprueben hoy esta reglamentación para que avance su trámite y así alcance a llegar al examen de la Corte Constitucional a tiempo. Un primer paso para no repetir los errores del 2006 es precisamente estrenar las nuevas reglas en el 2010.
El Tiempo - Editorial  - Opinión