González señaló que, en su análisis, el alto tribunal consideró que el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el uso de bases militares era un tratado, por lo que debía primero ser discutido en el Congreso.

"Se consideró que incorporaba obligaciones nuevas o modificatorios de obligaciones preexistentes en tratados anteriores (...) o superaban las obligaciones previstas en estos tratados multilaterales o bilaterales", explicó el magistrado González, quien dijo que la decisión se comparó con varios acuerdos y tratados firmados en el pasado.

Explicó que esos nuevos compromisos hacían referencia a uso y acceso a bases militares áreas o navales, la circulación de personal militar extranjeros en estas instituciones, del porte de armas, del ingreso de aeronaves al territorio colombiano y lo referente a la extensión de inmunidad diplomática a personal militar y a personas a cargo de este personal. Así las cosas el acuerdo del 2009 no puede ser aplicado por no tramitarse como un tratado internacional.

"No se han recibido ayudas con el nuevo acuerdo"
Por su parte, el ex comandante de la Fuerzas Militares de Colombia,general Freddy Padilla de León, defendió el acuerdo y aseguró que hasta el momento se está trabajando con los tratados que se encuentran vigentes. 
"Hasta que no hubiese una total certeza de que el acuerdo tenía todas las aprobaciones que estaban exigiendo, nosotros no ibamos a dar paso al nuevo acuerdo. Se está trabajando con lo que hay en este momento", afirmó el General en declaraciones a 'La W Radio'.

Padilla defendió el acuerdo al asegurar que le daría tranquilidad a toda la región. "El acuerdo es excelente para los dos países y para la región (...) una alianza estratégica y positiva para Colombia en la lucha contra el narcotráfico que le daría tranquilidad a los países vecinos", afirmó.
El ex comandante también recordó que en el momento de la firma del acuerdo, los juristas consultados recomendaron una extensión para profundizar en el tratado vigente para no pasar el acuerdo por el Congreso de EE. UU., ya que, por circunstancias de política exterior, el acuerdo hubiera sido hundido.

Corte tumba tratado militar con EE. UU.; Gobierno acata decisión, pero Congreso lo puede revivir
Prácticamente sin haberse implementado, porque en realidad se trataba de un acuerdo marco que contemplaba la posterior discusión de varios temas, el convenio militar que firmaron Colombia y Estados Unidos en octubre del año pasado dejó de existir legalmente el martes por decisión de la Corte Constitucional.
Seis de los nueve magistrados consideraron que los temas incluidos en el acuerdo, entre ellos la utilización de al menos siete bases colombianas por aviones y barcos estadounidenses, obligaban a una ratificación en el Congreso y del control previo de la misma Corte Constitucional.
Ese requisito no se cumplió y por eso el alto tribunal tumbó el acuerdo, pero dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno lo remita al Legislativo, tal y como lo ordena la Constitución. En un concepto previo, que no obligaba, el Consejo de Estado también había dicho que no se trataba de un 'acuerdo simplificado' (es decir, de una ampliación de temas ya discutidos), sino de un nuevo tratado que debía negociarse y ratificarse con todo el rigor.
La Corte señaló el martes que, al quedar sin efecto la negociación, todo el personal militar, equipos y ayudas que el país haya recibido en gracia de la firma del documento, debe regresar a su país de origen.
Pero en plata blanca, de acuerdo con fuentes del Gobierno, la caída del acuerdo no afecta la cooperación con EE. UU. tal y como está en este momento. Esto porque el personal militar y el civil no excede el tope de 1.400 personas que está aprobado desde el Gobierno Pastrana (de hecho, ronda las 300 unidades). Por lo pronto, habría limitantes a operaciones de Estados Unidos en algunas bases que no habían sido usadas antes, pero seguirán haciendo presencia en Tolemaida, Larandia, Tres Esquinas y otras destinadas a la lucha antinarcóticos.
Los aviones norteamericanos, de todos modos, no podrán usar la base de Palanquero, la más importante del país, que en sus planes aparecía como plataforma de sus vuelos intercontinentales hacia África. Desde el año pasado, Washington había destinado una partida de poco menos de 30 millones de dólares para adecuar esa pista.
La Corte no debatió de fondo el contenido del acuerdo, y no lo declaró inexequible sino "inexistente", según explicó su presidente, magistrado Mauricio González.
"No se optó por darle un tiempo al Gobierno (para enviarlo al Congreso) porque esto l