El viernes 22 de febrero de 2008, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó a través de un comunicado de prensa, el reconocimiento del Comité Nacional de Promotores del Referendo El Agua, Un Derecho Fundamental.
Así mismo señaló que cuando el comité promotor inscriba ante la Registraduría la solicitud de referendo, expedirá los formatos en los cuales se deberán recoger -como mínimo- un millón cuatrocientos mil firmas -apoyos- que legitimen la presentación de la iniciativa de origen popular al Congreso de la República. La recolección de los apoyos comenzó oficialmente el pasado 14 de marzo y al cabo de un mes se nos informa que ya se han obtenido más de cien mil de firmas. Un comienzo importante pero el cual debe ser redoblado para alcanzar el objetivo: dos millones de firmas en seis meses.
Estos son, sin lugar a dudas, los primeros pasos para alcanzar, con el respaldo de millones de colombianos, el reconocimiento de que el agua sea un derecho fundamental, al que tengan acceso, en condiciones de calidad, continuidad y potabilidad, todos los habitantes del territorio nacional.
En qué consiste la propuesta del Referendo
La propuesta de Acto Legislativo que propende modificar la Constitución Nacional busca que el Estado garanticé un mínimo vital gratuito de agua potable, al que tendrán acceso todos los habitantes del territorio nacional independiente de su condición social, étnica y económica.
Para alcanzar este propósito, la reforma define que la propiedad del recurso agua será de manera indelegable del Estado y su administración estará en manos de Entidades Estatales o de Comunidades Organizadas y, en ambos casos, la prestación del servicio se hará sin ánimo de lucro. De esta forma se excluiría el recurso hídrico de las políticas de privatización -tan en boga a raíz Consenso de Washington-. El agua dejaría de ser un negocio en manos de grandes multinacionales y capitales privados para convertirse en un bien común y público, en un servicio esencial para la vida.
De igual manera, la sustentación del referendo señala que en el país existen miles de acueductos rurales y comunitarios que con muchísimas dificultades, luchan por abastecer del recurso vital a poblaciones significativas, ante esta situación, el Referendo propone que esos acueductos puedan potabilizar el agua y mejorar sus sistemas de distribución y gestión con parte de los recursos que los colombianos tributamos al Estado. Este tendrá que dedicar los dineros que sean necesarios para garantizar el mínimo vital gratuito y la calidad del líquido entregado a los usuarios.
A fin de garantizar el abastecimiento, persigue también el Referendo la consagración de la protección especial del Estado de los recursos y las fuentes del vital líquido en todas sus formas y manifestaciones. Esta y las futuras generaciones deberán disponer de suficiente agua para satisfacer sus necesidades y las del cuidado de todas las especies vivas, lo que no se puede alcanzar si no se protegen nuestros ecosistemas, el ciclo hídrico y la biodiversidad de la nación.
Lo que pretendemos reformar
De lograr nuestro propósito, este referendo permitirá que el agua y los sistemas de tratamiento y distribución se excluyan del Artículo 365 de la Constitución y de la Ley 142 de 1994. También que el agua no adquiera la categoría -que se le pretende dar en los Tratados de Libre Comercio- de mercancía sujeta a la comercialización y a los negocios propuestos en el capítulo de los llamados servicios ambientales.
La tarea está a la orden del día
Por toda la nación se han organizado Comités en Defensa del Agua y la Vida y cientos de miles de activistas y dirigentes han comenzado a recolectar las firmas necesarias para que la iniciativa alcance el respaldo suficiente.
En esta segunda etapa, -la primera se surtió en la consecución de los primeros apoyos y en la elaboración del texto de la propuesta y la exposición de motivos que la sustenta- la campaña debe hacer un énfasis especial en la educación de los colombianos acerca de la necesidad e importancia de que el país defina una política pública que permita no solo el cuidado de la naturaleza sino la preservación del medio ambiente para así garantizar el bienestar presente y futuro de nuestra población.
Una vez recogidos los apoyos -firmas- para lo cual disponemos de seis meses, la iniciativa irá al Congreso de la República. Allí podrá ser aprobada o negada; en caso de que esto último ocurriere -lo que es muy posible dada la posición privatizadora del actual gobierno- tendremos que pasar a la tercera etapa en la cual debemos recoger no ya el 5% del censo electoral, -un millón 400 mil- sino el 10%, lo que implica sumar otro millón cuatrocientas mil firmas. Por eso es decisivo que obtengamos la mayor cantidad posible de apoyos en esta etapa, de manera tal que si el Congreso de la República niega la iniciativa, podamos recoger las firmas que nos falten y obligar a la convocatoria de una elección en la cual los colombianos, haciendo uso del Voto, decidan si quieren o no que la iniciativa sea parte de la Constitución Política del país.
A nadie escapa la importancia del proceso que hemos emprendido. De ahí la necesidad de realizar una intensa campaña de educación que incluya charlas, conferencias y sobre todo movilización ciudadana alrededor de una serie de problemas y hechos relacionados con el agua, que hoy se discuten y hacen parte de las preocupaciones de miles de ciudadanos en las diversas regiones de la patria.
Uno de los hechos a los cuales debemos prestar especial atención es a la propuesta del gobierno nacional, acordada a través del Conpes 3463/2006, que se conoce como Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico. Esta política está aprobada también en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y en la Ley 1176 de 2007.
En esos documentos se hace énfasis en los compromisos que Departamentos y Municipios deben asumir para acceder a recursos de la nación, derivados de un crédito adquirido con la Corporación Andina de Fomento -CAF-, y otros organismos multilaterales de crédito, a través de los cuales se les pretende imponer a las entidades territoriales la obligatoriedad de entregar sus sistemas de acueducto y alcantarillado -o los que se construyan como parte de los planes departamentales de agua-, a “gestores especializados”, léase empresas privadas, para que los administren.
Este programa se está implementando en todo el país. No nos oponemos al mejoramiento de los acueductos municipales ni a la prestación del servicio en condiciones óptimas para los usuarios. Tampoco nos oponemos a que dicho programa se desarrolle con los recursos del crédito que por mil millones de dólares adquirió el país. Ni a que se destinen para el desarrollo de esos programas recursos de las regalías o de las transferencias que la nación por mandato constitucional tiene que entregar a las regiones. A lo que nos oponemos es a que el gobierno presione -chantajee- a las entidades territoriales para que entreguen sus aguas y el tratamiento y conducción de las mismas a operadores privados. Y a que se cobren elevadas tasas de interés que tendrán que asumir los usuarios mediante el aumento de las elevadas tarifas que ya pagan.
No está bien que los recursos del Estado invertidos en los Planes Departamentales de Agua, las regalías de municipios y departamentos y los aportes de los usuarios, se entreguen a multinacionales y compañías privadas para que hagan negocios, se lucren y se enriquezcan a costillas del esfuerzo de los colombianos.
La lucha por sacar adelante el Referendo incluye la movilización ciudadana y la organización de miles de compatriotas para enfrentar de manera democrática y civilizada las políticas que para convertir el agua en un negocio se implementan desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno nacional.
Un haz de voluntades, en defensa del agua y la vida, atraviesa el territorio nacional. Las organizaciones democráticas y patrióticas de la sociedad civil saludamos esta iniciativa. Las Ligas y la Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos comprometemos nuestros mejores esfuerzos para que la propuesta de modificación de la Constitución a través de la aprobación del Referendo del Agua sea una realidad.