Informes técnicos de Bomberos, fechados en 2008, ya advertían de las malas condiciones en la red de agua que existe en el recinto penal para enfrentar emergencias.
PEDRO LEZAETA Y ÓSCAR SAAVEDRA
Algunos presos lo declararon extrajudicialmente y otros simplemente dijeron que era un rumor. Pero un informe del Servicio Médico Legal se encargó en las últimas horas de confirmar el antecedente: el 40% de los reos fallecidos en la Cárcel de San Miguel, lo que correspondería a 32 internos, estaba bajo la influencia del alcohol.

El contenido del documento, indicaron fuentes ligadas a la investigación, ya fue comunicado a la Fiscalía Sur de Santiago, entidad encargada de indagar el hecho.

Asimismo, se explicó que el alcohol que habrían bebido los reos se fabrica dentro de las prisiones con elementos tales como frutas y pan. Este último es empleado como elemento para lograr fermentación.

Ahora, comentaron las fuentes, se está a la espera de conocer resultados de exámenes toxicológicos para saber si algunos de los presos habían consumido sustancias ilegales previo al siniestro.

Interrogatorios

Entretanto, la fiscalía ha seguido interrogando a los reclusos sobrevivientes. Hasta ayer había cumplido con este trámite judicial 20 de un grupo total de 60. Según se dijo a este medio, se están efectuando interrogatorios en los que participan bloques de diez presos a la vez.

También se ha tomado declaración a un grupo de gendarmes que formaba parte de la dotación presente cuando ocurrió el incendio.

Todos estos testimonios están siendo contrastados con resultados de peritajes fotográficos, análisis de videos y planimetría, para verificar si los dichos de los requeridos se condicen con la realidad espacial y temporal en que se desarrolló la emergencia.

Informes

Ayer trascendieron informes técnicos que fueron puestos en conocimiento de Gendarmería ya en 2008, en los que se advertía de la precaria situación de las medidas contra incendio de la Cárcel de San Miguel.

Entre estos documentos se encuentra un análisis de la firma AS&P, de propiedad de Bomberos de Santiago. El estudio, de julio del citado año, detalla inspecciones a Colina 1 y 2, el Centro Penitenciario Femenino Sur, la Ex Penitenciaría y la Cárcel de San Miguel. Sobre esta última indica que su red húmeda se encuentra conectada al sistema de abastecimiento normal del edificio, lo que implica "una presión y un caudal similar al que puede utilizar cualquier artefacto".

Según fuentes del caso, se realizaron trabajos para subsanar el tema, pero finalmente no habrían sido certificados por no cumplir, presuntivamente, con los estándares necesarios.

SOBREVIVIENTE

Jaime Hernández, sobreviviente del incendio en la Cárcel de San Miguel y que salió en libertad el mismo día de la tragedia, declaró en Chilevisión que tras comenzar el fuego tres funcionarios de Gendarmería se devolvieron y sólo uno los ayudó. Dijo que fue la última persona que logró salir, por una abertura de 30 cm en la reja.

Refuerzan unidad de asuntos internos de Gendarmería
Veintitrés efectivos pesquisan las eventuales irregularidades cometidas por los 12 mil funcionarios de Gendarmería. Una dotación insuficiente según la investigación del fiscal Gonzalo Guerrero, que detectó una red de corrupción que favorecía a los presos de Santiago.

El director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, decidió reorganizar la Unidad de Investigación Penitenciaria: se sumarán funcionarios y pasará a depender directamente de su mando (hoy subordinada a la subdirección operativa).

"Estoy modificando el organigrama institucional, y es tal la importancia que le estoy dando a esta unidad, que la estoy sacando del Departamento de Seguridad para colocarla como un staff del director nacional", dijo Masferrer.

En paralelo a las pesquisas de Guerrero, Gendarmería dispuso que los efectivos de "asuntos internos" indaguen otros casos de corrupción en los penales. La investigación fue encomendada al jefe de seguridad, coronel Heriberto Muñoz.

Aplazan formalización

Entre tanto, se aplazó hasta hoy la audiencia de formalización en contra de los cinco gendarmes involucrados en la red de protección a reos en penales metropolitanos. El motivo fue porque hubo una "descoordinación" entre los intervinientes. En la sala, la fiscal adjunta Isabel Saavedra realizó tres controles previos y cuando terminó, el titular de la causa, el propio fiscal Guerrero, se encontraba afuera del Tribunal, con la carpeta investigativa en su poder. Fue avisado, pero no alcanzó a entrar. Por ello, Saavedra solicitó ampliar el plazo de detención.