El pasado 14 de abril, la Asamblea Legislativa de Arizona, aprobó la ley SB 1070, también conocida como la ley de tolerancia cero contra los migrantes irregulares. La iniciativa fue propuesta por el senador republicano Russel Pearce, quien afirmó que el problema de migrantes indocumentados en el estado sur de los Estados Unidos es una amenaza para la estabilidad y tranquilidad de las ciudades de Arizona.
 
El comité de seguridad pública y asuntos militares de la Cámara de Representantes de Arizona, desde el mes de enero, aprobó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México. El senador republicano Carl Seel aseguró que el estado de Arizona está a punto de vivir una emergencia social debido al incremento de violencia y crímenes relacionados con el tráfico de drogas y la migración irregular de personas.
 
La ley de tolerancia cero fue aprobada el pasado mes de abril por la Asamblea y ratificada por la Gobernadora Jan Brewer. Esta ley hace de Arizona el primer estado en criminalizar la presencia de migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Se estima que aproximadamente 460.000 inmigrantes podrían verse perjudicados por la acción.
 
La ley SB 1070 otorga facultades extraordinarias a la policía local para detener a personas si los agentes tienen alguna sospecha de que se trata de un migrante irregular y convierte en un delito cualquier actividad que implique ayudar a una persona indocumentada en el país.
 
Según Alessandra Soler Meetze, presidenta del American Civil Liberties Union de Arizona, esta medida se convierte en un acto visible de discriminación racial, donde las personas podrán ser investigadas por su color de piel, acento y forma de vestir. Posición contraria a la del republicano Russel Pearce, quien afirma que "ser ilegal no es una raza, sino un crimen".
 
Congresistas, líderes afroamericanos y catedráticos universitarios se han mostrado en contra de la legislación y afirman que es inmoral, ilegal y opresiva. El congresista Luis Gutiérrez y otros legisladores, han emprendido una voz de protesta, donde expresan públicamente que no cooperarán con la legislación. Como lo hizo el senador Robert Menéndez, quien afirmó que la ley tiene un enorme riesgo de vulnerar los derechos constitucionales.
 
Por otro lado, el Decano de la Facultad de Leyes de la Universidad UC Davis, Kevin Johnson, expresó que dicha ley es la propuesta más agresiva contra los indocumentados aprobadas por un estado. Pero eso aseguró, que es obligación de las cortes, en especial de la constitucional, anular la facultad que tendrían de los policías de revisar el estatus de una persona.
 
En este momento, después de ser ratificada la ley por la Gobernadora Jan Brewer, lo único que puede detener la aplicación de la SB 1070 es la desaprobación de las cortes frente a esta disposición.